Así lo informó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien remarcó que "las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303".
Para Somaglia, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, "tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado".
En declaraciones a radio Universidad, de Santa Fe, Somaglia agregó que esa ley sostiene que, "cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención".
Somaglia advirtió que, si el juez sigue "en la postura que señaló el día viernes, en caso de que resuelva que su postura es irreversible", la provincia irá " subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto".
En esa línea, dijo que "la posibilidad de la pacificación social, si se quiere, u ordenar todo este inicio de este concurso, es que, realmente, quien está comprometido en el interés, que es provincial, pueda conducir la empresa".
En este sentido, el funcionario santafesino fundamentó esta afirmación con el argumento de que la provincia va a ser quien haga "frente a las erogaciones que corresponden hacer" mientras que "los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está".
Sobre los plazos, dijo que "la empresa se salva dentro del proceso de concurso, el tiempo lo da la causa judicial del concurso y la quiebra".
Aclaró luego que, "con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin" porque -indicó- "los socios continúan siendo socios", con lo cual "no pierden su situación".
En este marco, explicó que "no es que los interventores llegan y hacen lo que quieren", sino que hay un "marco de control y transparencia".
"Hay tres síndicos que son propios de la empresa, que controlan al directorio y controlarán a los interventores; hay tres síndicos concursales, van a controlar; hay un juez, está el comité de acreedores", enumeró.
Previamente, el secretario de Justicia había aclarado que el gobierno de la provincia pretende, "en consonancia con el gobierno nacional", que "si van a ir al rescate, al salvataje de la empresa, que los fondos que puedan venir de estos organismos públicos sean administrados por el que pone el dinero y no por los integrantes del directorio, que están siendo cuestionados no solamente en la Nación sino también en otros lugares del mundo".
"Desde el punto de vista económico acá hay una realidad: hay una empresa que, más allá de que los propietarios sean de la familia Vicentin, no está en condiciones de afrontar los compromisos tomados con anterioridad, no solamente con bancos nacionales y extranjeros sino con productores y cooperativas y con los propios empleados", puntualizó.
"La cuestión económica es determinante", señaló Somaglia y dijo que a los Estados nacional y provincial no los "satisface" que "quienes llevaron a esta situación de crisis a la empresa la continúen administrando".
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