Hryniewicz expresa que la realidad industrial enfrenta una época difícil por “cuestiones distintas y ajenas a su posibilidad de resolución, han perdido competitividad poniéndolas en una tremenda desventaja productiva y comercial con sus pares extranjeras, por lo que, la mercadería subastada logrará su destinación a plaza supliendo a productos de industria nacional”.
En segundo término advirtió sobre el nocivo efecto del comercio ilegal y sus manufacturas en establecimientos clandestinos apelando a mano de obra ilegal y falsificando marcas y productos, que puede utilizar la documentación emitida por el acto de subasta para legitimar el acopio, tránsito y comercialización de mercaderías de similares características a las subastadas.
Recomendó que la mercadería secuestrada sea destinada a las fuerzas de seguridad e instituciones de bien público como hospitales y escuelas, conforme lo establecen los Arts. 4 y 5 de la Ley Nº 25.603, caso contrario, proceder a su inmediata destrucción para cumplir con la finalidad de la función aduanera de protección al mercado interno.
Por último, solicitó a la CAME gestionar ante la autoridad legislativa correspondiente la suspensión de la aplicación de los Art. 419, 422, 429 y 430 del Código Aduanero, (Ley Nº 22.415 y Modif.) y su derogación por el efecto nocivo que causa a nuestra industria.
Estos requerimientos fueron formulados en sendas notas remitidas al ministro de Hacienda de la Nación, Lic. Nicolás Dujovne y al titular de la AFIP, el Dr. Alberto Abad. Tambien se solictó el acompañamiento del defensor del Pueblo de Formosa, el Dr. José Leonardo Gialluca y la intervención de la CAME, a través de su Presidente, Fabián Tarrío.
(Fuente: Comunicado de la CAPYMEF)
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