En la ciudad de Corrientes, la legislación de interrupción voluntaria del embarazo es uno de los planteamientos que se difundirán durante el paro de mujeres, previsto para el próximo 8 de marzo. Al respecto, Karina Cardozo, de la organización “Kuña Mbareté” aseguró que “Vamos a plantear dentro de los reclamos, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto seguro, legal y gratuito para no morir”.
Por su parte, Municipalidad de Rosario, Santa Fe, instrumentó desde hace seis años, la distribución gratuita del medicamento bajo ciertas condiciones y como parte de políticas públicas de salud sexual.
El proyecto de aborto legal se presentará en el Congreso de la Nación el próximo 6 de marzo con miras a tratarlo el 8 de dicho mes.
Negocio clandestino
El informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) señala también que más de mil millones de pesos son derivados a la industria farmacéutica por la compra de misoprostol (una droga autorizada como antirreumático pero que es usada por sus efectos adversos de interrupción de embarazos).
Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), precisó a un medio de Buenos Aires: “Si se blanqueara el aborto, no sólo sería más barato, sino más seguro. El precio en las clínicas bajaría de 30.000 a unos 5.000 pesos, lo mismo pasaría con las pastillas. El profesional trabajaría sin los nervios de hacer algo clandestino y la paciente se registraría y tendría un control”.
“Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos entre insumos, comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos. Ese es el negocio del aborto clandestino”, indicó Peretta.
El farmacéutico precisó que por otra parte circula “el negocio para la industria farmacéutica, que vende una caja de 16 comprimidos de misoprostol a más de 2.700 pesos y genera al año unos 1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se usa como abortivo”.
“En el país se calcula que unas 500.000 mujeres recurren a estas prácticas –interrupciones de embarazo clandestinas– por año, pero el número viene en aumento y cada vez son más los consultorios ilegales”, puntualizó.
Peretta, en declaraciones a un diario porteño, sostuvo que las interrupciones del embarazo “se dan con mayor frecuencia en las ciudades más grandes y densamente pobladas”, mientras que desciende “en lugares más pequeños, donde las chicas a veces aflojan o lo hacen ellas mismas sin información suficiente y se hacen mal”.
“Muchas veces la mujer paga 30.000 pesos, el aborto sale mal y terminan siendo atendidas de urgencia en un hospital por una infección. Con lo cual, el Estado sigue pagando por la falta de prevención”, agregó respecto a una problemática que ahora podrá debatirse en el Congreso de la Nación tras una habilitación del tema prometida desde el Ejecutivo.
Proyecto
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito destacan que las 500 mil mujeres que recurren al aborto clandestino son la muestra de que la penalización no impide su práctica y advierten: “Según cifras oficiales las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina”.
El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el primer artículo contempla que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Al tiempo que establece que los servicios de salud, “incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias, la cobertura integral de la interrupción legal del embarazo en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda”. La OMS por su parte lo considera un tema sanitario y de derechos humanos.
En otras palabras, señalan que con la implementación de la ley buscan evitar las consecuencias de los abortos inseguros y clandestinos.
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