El Plan Estratégico 2030 Foresto-industrial busca atraer esa suma que en cuatro años permitiría incrementar en US$ 2.600 millones las exportaciones y crear 186.000 empleos de calidad.
Para que estén dadas las condiciones de que se instale una planta de celulosa en el país, es fundamental resolver el tema del financiamiento, junto con el de la competitividad del sector y de la Argentina en particular.
Porque para atraer una inversión como esa, que requeriría de unos US$ 2.000/3.000 millones, el país tendría un costo logístico y de puertos muy alto, fundamental en un proyecto celulósico, que moviliza muchísimas toneladas de madera, de residuos de madera.
Actualmente un contenedor en Argentina anda por los US$ 2.500 mientras en Brasil se encuentra por debajo de US$ 500. En puertos, la diferencia es similar. Lo primero que se debe hacer es que el país genere las condiciones para que un extranjero que piense en radicar una planta en la región considere que los costos internos que se le ofrecen constituyen la mejor alternativa.
Hoy Argentina produce un poco menos de un millón de toneladas de celulosa, Brasil está arriba de los 22/23 millones, o sea 23 veces más que nosotros. Chile supera los 8 millones de toneladas, es decir, 8 veces más que Argentina; y Uruguay está aproximadamente en 4 millones y varios proyectos en danza, el cuádruple.
Pero la condición natural también cuenta y, mientras en esta parte, un árbol está listo para ser cortado –y hacer papel celulosa– entre 8 y 15 años, en Canadá y los países del norte de Europa tarda entre 35 y 40 años. De modo que el retorno de la inversión de la madera en una planta instalada en nuestra región es mucho más conveniente respecto del Hemisferio Norte.
Las condiciones macroeconómicas determinan la competitividad de costos, no sólo lo hace el tipo de cambio. Si bien la ventaja de la región es que sería óptima para implantar, la ecuación de los costos, la logística, la mano de obra, la presión tributaria, el tema aduanero, tienen que brindar la mejor condición que el inversor defina desde el punto de vista de la competitividad para establecer dónde le conviene más, si en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, o en Argentina.
De hecho, el gobierno uruguayo promulgó una ley a fin de generar condiciones específicas para los proyectos de celulosa y papel, lo cual le permite ofrecer estabilidad legal por 15 o 20 años. Una inversión de este tipo, de US$ 2.000/3.000 millones, tarda 2 a 3 años en ponerse a funcionar y se necesitan como 10/15 años para recuperarla.
De modo que la estabilidad es primordial, tanto en lo referente a competitividad de los costos como con la sanción de una ley que asegure mantener las condiciones en ese lapso.
Sólo la capacidad actual podría abastecer dos plantas de celulosa de las de 2.000/2.500 toneladas. Así que la actual capacidad forestal sería suficiente para un proyecto particular. Inclusive sobra sin tener nada en vista. Puedo asegurar, no obstante, que si se viniera a instalar una planta en el país, del 1,2 millones de hectáreas pasamos a 3 millones tranquilamente en un momento.
Uruguay tenía una plantación reducida a pesar de que contaba con una ley de promoción y había recibido muchas inversiones externas, pero a partir de la instalación de la planta de Botnia la forestación siguió creciendo de una manera impresionante. Y lo mismo hubiera sucedido en Argentina si hubiese sido de este lado del río.
El sector forestal invierte en la medida en que sabe que puede colocar el producto. Fíjense lo que pasa actualmente en Corrientes, que está sobreforestada y el agricultor forestal está cortando para exportar rollos de madera, porque no tiene una planta que absorba esa materia prima para transformarla en valor agregado de celulosa o papel.
De modo que se la despacha así como se la saca, como se hace con el grano al que no se le sigue la cadena para transformarlo en chancho de exportación. En nuestro caso, la vaca verde, como lo decimos, sería agregarle valor a ese rollizo de madera para que, en lugar de producto final, sea insumo en una planta de celulosa o papel.
Tenemos las condiciones naturales, los árboles plantados, pero no ha llegado al país una inversión que pueda consumir gran parte de la forestación y darle al sector un impulso para que siga creciendo.
En los últimos años se promovió el proyecto Forestar 2030, que contiene el agregado de 2 millones de hectáreas al millón y medio actual en los próximos 10 años. Pero está supeditado a que haya una planta fabril que demande en gran medida la madera que se genere a partir de esa expansión.
Alrededor del árbol hay muchas industrias, está toda la parte de aserraderos, muebles, etc, que no consumen el ciento por ciento sino sólo una parte del árbol. Por eso, el proyecto de mayor magnitud, el que puede llevar un cambio fundamental a la cadena de valor foresto industrial, sería la radicación de una planta de celulosa de condición internacional.
Un inversor que hoy analice alternativas que ofrece Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, desde el punto de vista de la competitividad de costos para instalarse, obviamente que nos verá en el último lugar. Si se mejorasen esas condiciones, se genera un proyecto de ley que estabilice las condiciones tributarias, legales, posiblemente el año que viene o el próximo vendrá una inversión de ese tipo.
Ninguna empresa puede consumir actualmente madera para industrializar en celulosa o papel si no cuenta con las certificaciones correspondientes en la planta y las plantaciones. Todo el material que va a convertirse en celulosa o papel proviene de bosques implantados.
Si creciéramos en forestación por impulso de las plantas de celulosa y papel, el mismo proyecto estaría generando una reducción de las emisiones en Argentina, en el contexto del tema del cambio climático. Por el compromiso asumido por el país, al revés de lo que significa la generación de energía, que emite a la atmósfera dióxido de carbono, el crecimiento de la forestación permitiría captarlo.
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