El Municipio reconoce el derecho a reclamar que tienen las personas y las agrupaciones, pero al mismo tiempo entiende que es necesario encauzar los pedidos por otras vías, para no perjudicar a miles de personas que también utilizan la vía pública, para trasladarse a sus trabajos o cumplir con sus tareas.
En ese marco, la gestión municipal denunció formalmente al dirigente del Movimiento Social MTD "No al Desalojo", Ramón Aguirre, a la referente del Movimiento Cooperativa, Eugenia Aguirre, y demás adherentes de ambas organizaciones, por “considerarlos responsables del delito tipificado en el Artículo 194° del Código Penal, por la organización y ejecución de actos y acciones dirigidos a la obstrucción de la circulación vehicular y peatonal sobre las calles Marcelo T. Alvear, entre Pueyrredón y Mitre, reclamando viviendas y audiencias con autoridades del IAFEP, según informe de la Comisaría Segunda de la ciudad de Resistencia”.
En la denuncia se afirma que un grupo de 40 personas portaban elementos de percusión, equipos de audio a volumen alto, propinando mensajes agraviantes a las autoridades, arengando a los participantes con carteles y chalecos que los identificaban como pertenecientes a las organizaciones sociales mencionadas. En el escrito también se especifica que quienes cortaban las calles tenían “actitudes amenazantes con los ciudadanos que pretenden transitar y al personal policial apostado en el área, utilizando ‘palos’ como elementos para intimidar, logrando impedir y entorpeciendo el ingreso a la zona del microcentro”.
Asimismo, se detalla que quienes reclamaban impedían “el tránsito del transporte de pasajeros modalidad taxi, remis, servicio diferencial Chaco - Corrientes y de microbuses que trasladan pasajeros desde localidades del interior al centro de la capital provincial, trabando y/o entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, a las distintas oficinas públicas Y a las entidades bancarias para realizar trámites y/o gestiones, a los comercios y a los estudiantes a los establecimientos educativos de la zona”.
“La ocupación de la vía pública por parte de estos grupos, impacta negativamente la actividad laboral y productiva sumamente necesaria para el normal desarrollo de la prestación de servicios de transporte de pasajeros y de las actividades en general, garantizando el orden público y de la paz social”, resalta la presentación.
Si bien el Municipio no tiene la potestad de tomar una acción directa, porque no cuenta con poder de policía, tomará todas las medidas para solicitar a quienes sí pueden, en pos de garantizar la correcta circulación por las calles de la ciudad.
Por último, se remarca que “algunos de estos reclamos se manifestaron con gran violencia, con amenazas y un alto riesgo para la integridad física de los ciudadanos, daños a vehículos que pretenden salir de la zona obstruida y otros a la propiedad privada; por lo que se puede afirmar que este tipo de actos encubiertos como ‘reclamos sociales’ son origen de una gran cantidad de ilícitos mayores”.
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