La medida dejó sin plena operatividad a la normativa que define las zonas habilitadas para el aprovechamiento productivo, lo que impide otorgar permisos y avanzar con proyectos vinculados al manejo responsable del recurso forestal. Esta situación paraliza decisiones de inversión y frena la actividad en distintos eslabones de la cadena.
Desde el entramado productivo advierten que el impacto no se limita al cambio de uso del suelo, sino que alcanza de forma integral a la industria forestal, la logística, los servicios asociados y miles de puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en regiones donde el sector constituye un pilar económico.
El esquema de ordenamiento suspendido había sido diseñado bajo los lineamientos de la Ley Nacional 26.331, con validaciones técnicas y administrativas, con el objetivo de compatibilizar producción sustentable y preservación ambiental, aportando previsibilidad a las actividades económicas legales y controladas.
Mientras se analiza el alcance definitivo de la resolución judicial, el sector enfrenta un escenario de riesgo económico, con potenciales pérdidas productivas, retracción de inversiones y afectación del empleo. La expectativa del mercado está puesta en una rápida clarificación normativa que permita restablecer la seguridad jurídica y reactivar la actividad productiva.
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