Desde el mediodía de hoy, será el tercer encuentro desde su relanzamiento, bajo la presidencia pro témpore del gobernador chaqueño Jorge Capitanich.
Los documentos se hicieron circular entre los mandatarios del bloque regional, con abundantes cuadros con cifras y justificaciones técnicas y políticas, quedó en claro que pretenden avanzar con rebajas en los costos de energía eléctrica, combustibles, contribuciones patronales y una refinanciación de una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial desde la irrupción de la pandemia COVID-19, que sería de $ 60.000 millones entre las diez jurisdicciones.
“Si bien la reactivación del aparato productivo y del empleo es un proceso que se consolida paulatinamente desde el último trimestre de 2020, las condiciones macroeconómicas, productivas y sociales aún revisten un grado de criticidad elevado. En paralelo, la persistente inestabilidad de las condiciones sanitarias determina un marco de incertidumbre sobre la dinámica futura tanto de los recursos de origen nacional como de los recursos de origen provincial”, fundamentarán en la misiva a Economía.
“Las Provincias del Norte Grande se encuentran en condiciones de protagonizar la recuperación económica a nivel federal. La sostenibilidad financiera y el impulso de la inversión pública son condiciones necesarias para poder poner a nuestra región de pie”, se agregó en otro párrafo de justificación del pedido de refinanciación de la deuda.
Además, reiterarán el pedido de un plan de inversiones de US$ 30.000 millones de dólares a 15 años como parte de la reparación histórica que pide el Norte Grande.
Mediante una rebaja parcial de las contribuciones patronales, los gobernadores se proponen casi 65.000 empleos privados formales en las 10 provincias.
Según los cálculos de los equipos técnicos de la Región, “implicará una inversión fiscal de $ 8.859.727.388 distribuidos en tres años”. Pero, “si nos proponemos generar 250.000 nuevos empleos formales en la región, el sistema deberá prever una inversión de $ 34.225.413.300 distribuidos en tres años”.
El problema será convencer al ministro de Economía, Martín Guzmán, de ceder esa cifra de su recaudación, luego de la mala experiencia de las áreas aduaneras especiales que vetó.
Dentro de esos tres años, los mandatarios provinciales piden que la rebaja sea:
- Año 1: 75% de bonificación (es decir, el empleador abona sólo el 25 %).
- Año 2: 50% de bonificación.
- Año 3: 25% de bonificación.
Además de la posibilidad de expresarlo a Fernández, los gobernadores buscarán nuevamente una ley que los respalde.
Se fundamentó también el pedido de rebaja en la energía por tener el NEA?y NOA las temperaturas más altas del país, que provocan un mayor consumo para la ventilación y refrigeración.
“Disponer de la energía que permita a los ciudadanos climatizar el hogar constituye entonces derechos humanos básicos inalienables. En las provincias del Norte Grande la energía para climatizar el hogar es una condición indispensable para vivir. Es el Estado el que debe garantizar la continuación de los servicios públicos y las tarifas razonables y justas, debiendo arbitrar todos los medios a su alcance, velando por los intereses de la parte débil de la relación, esto es el usuario”, sostendrán en el informe a elevarse a Nación.
Las provincias del NEA y NOA quieren que se implemente esta tarifa diferencial como “social”, que la Nación dejó de pagar desde la gestión Macri. Cabe recordar que la misma beneficiaba a consumos residenciales menores a 300 kw/mes aunque proponen llevarlo a 500 kw/mes. Además, piden “un subsidio al sector industrial durante todo el año a los primeros 1000 kwh-mes (es el consumo promedio de los industriales pequeños de Secheep)”.
Asesores del Consejo Ejecutivo del Norte Grande, demostrarán en cifras a la Casa Rosada que se achicaron las transferencias en subsidios para el transporte público de pasajeros. El último año (por 2020) la participación del interior cayó a un 17%, por debajo aún de los coparticipados durante el año 2018 (24%)”.
Para llegar a esa conclusión, recordaron que en “2018 los subsidios nacionales al interior del país sumaron $ 27.000 millones en concepto de cupos de gasoil, SISTAU y CCP”. Pero, en 2020 “se ejecutaron $ 17.000 millones para el interior, contra los $ 102.000 millones ejecutados para el AMBA”.
Pedirán, en consecuencia, “retomar el esquema vigente previo al Pacto Fiscal de 2018, que las contribuciones a efectuarse se originen en la utilización de los índices que surgen de la aplicación del SISTAU y CCP”.
Además, reclamarán “Implementar sistema de compensación tomando en cuenta los kilómetros realizados en un sistema sobre ejecución normal a pleno, considerando un IPK equivalente, tarifas e ingresos promedios por bus del interior del país”.
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