El Gobierno nacional entrega en cuentagotas definiciones acerca de quién se hará cargo de la vía navegable de la Hidrovía a partir del próximo 30 de abril cuando finalice el contrato actual y comience un período de 180 días hasta que se adjudique la nueva licitación.
En el Consejo Federal de Hidrovía (CFH), el ministro Mario Meoni se encargó de remarcar en dos oportunidades que se garantizará la navegación en el río Paraná durante el proceso licitatorio, pero no dijo cómo.
La insistencia por conocer los detalles por parte de los privados que están involucrados en el negocio, como así el sindicato de Dragado y Balizamiento, se profundizó luego de la reunión. El ministerio sabe de la inquietud y comenzó a afinar las opciones que anunciará más adelante y a las que Rosarioplus accedió.
Una de ellas es que Hidrovía SA, compuesta por la dragadora belga Jan de Nul y Emepa encargada del balizamiento, continúe al mando por los seis meses más que tardará la transición hasta la nueva adjudicación.
No debería más que lograr una prórroga transitoria para seguir operando a partir del 1ero de mayo como cualquier otro día, y a lo sumo hacer aportes extras operativos, algo que ya piden puertos y cerealeras.
Pero en el Gobierno dicen sacarle fichas a esta alternativa por dos cuestiones. Una es que el dueño de la firma argentina Emepa es Gabriel Romero, quien está en la lista negra por haber declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Aseguró haber pagado US$ 600.000 un decreto de Cristina Fernández para mantenerse en el negocio. El Gobierno ya se movió para correrlo: dividió en dos la nueva licitación, por un lado, dragado, y otro, balizamiento.
Los belgas comenzaron a despegarse de ese historial porque entienden que es un salvavidas de plomo. Por lo tanto, proponen seguir sin ellos y hacerse cargo del balizamiento también. Ahí está el otro obstáculo que frena a Transporte: que una extranjera se quede con todo el negocio y no tenga una pata local.
De este punto surge la otra opción: que Jan de Nul arme una Unión Transitoria de Empresa (UTE) junto a una firma nacional que se encarga del balizamiento. Los belgas le empiezan a poner los números a esta opción. Que el Gobierno les niegue una prórroga transitoria, con o sin Emepa, parece dejarlos fuera de competencia por adelantado para la nueva licitación. No suena práctico ni alentador para la firma que los remuevan con todo el arsenal desplegado, para volver a hacerse cargo seis meses después.
Hay otros esquemas que suenan más complejos de llevarlos a cabo. Por ejemplo, la de sumar a los diferentes interesados ??a que se hagan cargo del mantenimiento dividiéndolos por tramos.
Otra alternativa es que la transición quede en manos del mantenimiento de la Administración General de Puertos (AGP) que tiene tercerizado el servicio. Si bien en un primer momento se habló de que sea sólo por el balizamiento, ahora le dan impulso a que también tome el dragado.
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