Desde la Bolsa sostienen que su situación patrimonial es sólida y que todas las operaciones se encuadran dentro de los segmentos habilitados del mercado, incluyendo instrumentos no garantizados que implican riesgo para el inversor. No obstante, los cuestionamientos apuntan a la forma en que se habrían presentado esas inversiones y al nivel de información brindado a quienes colocaron fondos.
El conflicto escaló cuando el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, anunció una denuncia penal contra la entidad y sus directivos por presuntas maniobras que habrían comprometido recursos municipales. La acusación incluye posibles delitos como administración fraudulenta y estafa, lo que elevó el caso al plano judicial federal.
Aunque la CNV no ha informado sanciones hasta el momento, la investigación continúa y podría derivar en nuevas actuaciones si la Justicia detecta inconsistencias. El eje del debate ya no pasa solamente por la formalidad de la operatoria bursátil, sino por la responsabilidad institucional en el manejo de fondos públicos y privados en un mercado regional de menor escala.
El caso impacta directamente en la confianza. Aun cuando la auditoría técnica no haya encontrado irregularidades, la persistencia de denuncias y el volumen de dinero involucrado mantienen abiertos interrogantes sobre los controles internos, la supervisión y la transparencia en la gestión financiera provincial.
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