En el marco de la sesión legislativa de este miércoles, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) rechazó el proyecto vinculado a la regulación de honorarios profesionales de abogados, al considerar que la iniciativa podría encarecer el acceso a la justicia.
La diputada Mayra Jarenko aclaró que la postura del espacio no implica desconocer la necesidad de remunerar el trabajo profesional. “Nadie discute que todo trabajo debe ser remunerado. El problema es que el Estado puede imponer por ley cuánto vale un servicio privado, limitar la competencia y trasladar ese costo a toda la sociedad”, afirmó.
En esa línea, cuestionó que el proyecto establezca honorarios mínimos obligatorios y restrinja la libertad de contratación. “Cuando se fijan precios mínimos, lo que desaparece no es el problema, sino las opciones. Esto puede dejar afuera a muchas personas que hoy acceden a un abogado y mañana no podrían hacerlo”, advirtió.
La legisladora también alertó sobre el impacto en los sectores más vulnerables. “El que tiene recursos va a seguir litigando. Pero el trabajador, el jubilado o una madre que necesita reclamar alimentos van a encontrar una barrera más alta para acceder a sus derechos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Adrián Zukiewicz consideró que la iniciativa responde a una lógica “corporativa” que prioriza al profesional por sobre el ciudadano. “Se otorgan privilegios, se presume que toda actuación es útil y se limita el control sobre los honorarios. Incluso se obliga a los jueces a respetar mínimos aunque el caso no lo justifique”, cuestionó.
Además, advirtió sobre la intervención estatal en la fijación de precios. “Se avanza sobre la libertad de las partes de acordar y elegir. No es lo mismo un gran estudio que un abogado que recién empieza, ni un cliente con recursos que uno con dificultades económicas. Sin embargo, esta ley los iguala bajo un mismo esquema rígido”, explicó.
Finalmente, desde el bloque señalaron que el proyecto “lejos de resolver problemas, puede generar nuevas desigualdades”, al considerar que el acceso a la justicia depende también de la existencia de opciones accesibles para la ciudadanía.
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