La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de biocombustibles. La norma recibió 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y fue girada al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazada por Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el socialismo y la izquierda.
El proyecto de Biocombustibles establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.
El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.
Otro punto del proyecto que generó resquemores es el que habilita a la Secretaría de Energía a "elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".
Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que "esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.
“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo "hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional".
El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, aclaró el objetivo del proyecto de ley y dijo que "estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable”.
“De fondo estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios", sentenció.
Al cierre, el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los autores del proyecto, indicó: “Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”.
Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".
En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
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