A sus planteos por la reciente designación de nuevos directivos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el representante politico apuntó a la fusión entre las firmas Ebisa y Enarsa como un paso previo a la privatización de la comercializadora del sector eléctrico, lo cual tiene injerencia en la actividad de la hidroeléctrica ubicada en Corrientes.
“Por el decreto nacional 882 la comercializadora de Yacyretá que se llama Ebisa, pretenden que sea fusionada por absorción con la empresa Enarsa y a la vez Enarsa y Ebisa sean convertidas en una empresa de integración energética, donde el elemento estratégico de comercialización es Yacyretá; están queriendo hacer un proceso de privatización rápida”, precisó el senador.
“Es peligroso y atenta contra el proceso de industrialización. Las cosas que están mal las decimos, discutimos, y buscamos soluciones”, concluyó el legislador.
Decreto 882 publicado en Boletín Oficial
El artículo 1 del Decreto instruye al Ministerio de Energía y Minería para que en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina SA (Enarsa) y Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), "impulse los actos y recaudos societarios necesarios a fin de efectuar la fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo Enarsa el carácter de sociedad absorbente, la que pasará a denominarse Integración Energética Argentina SA".
Así, las principales medidas del decreto contemplan en primera instancia la absorción por parte de Enarsa de la empresa Ebisa, la que tiene por responsabilidad principal la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por lo cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en la Entidad Nacional Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
Tras concretarse la absorción, el Decreto dispone que se cambie la denominación de la nueva compañía para pasar a llamarse integración Energética Argentina SA y de esta forma "darle un punto de quiebre al pasado de Enarsa", la empresa creada en diciembre de 2004 que tiene bajo su responsabilidad, entre otras funciones, la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile y las compras de los embarques de GNL.
El decreto también instruye la puesta en venta de los activos energéticos de Enarsa y del Ministerio de Energía mediante mecanismos licitatorios transparentes y con el control valuatorio del Tribunal de Cuentas de la Nación, además de las participaciones accionarias ya sean controlantes o minoritarias de otras empresas.
El Estado se desprenderá de las centrales de ciclo abierto
Así, el Estado se desprenderá de las centrales de ciclo abierto Ensenada Barragán en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López en la provincia de Santa Fe, que actualmente se encuentran bajo la órbita de Enarsa, pero con el compromiso que deberá asumir el comprador de completar los cierres de ciclos ya proyectados de ambas plantas, lo que sumará al sistema unos 450 Mw adicionales.
También serán ofrecidas al sector privado las inversiones concretadas mediante el Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM), creado de 2005 para incrementar la oferta energética y que incluye las centrales térmicas de ciclo combinado de 800 MW General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown, en Buenos Aires, y General San Martín, en Santa Fe.
Para la concreción de estas compras, el Gobierno va a permitir que las liquidaciones de ventas que aún están en manos de una veintena de empresas generadoras de energía eléctrica -por suministros no pagados oportunamente por Cammesa y estimados en 12.000 millones de pesos-, sean utilizadas para poder saldar parte de la compra de los activos.
El Gobierno también decidió desprenderse de las participaciones accionarias del 50% que Enarsa tiene en la compañía Citelec, empresa titular del 52% de Transener, la transportista de ultra alta tensión, las cuales el Estado adquirió en 2016 a un valor de 7,2 pesos la acción y hoy cotiza en el mercado por encima de los 40 pesos.
El mismo camino seguirán las tenencias públicas de acciones -en todos casos inferiores al 10 por ciento del total- en las empresas Central Puerto, Transba, Dique SA y Central Térmica Güemes, y el 51% accionario que saldrán a futuro al mercado de la empresa Dioxitek, cuya planta se está construyendo en la provincia de Formosa para transformar el dióxido de uranio en pastillas de uranio, elemento combustible para las centrales nucleares.