Este reciente dictamen para la nueva moratoria en debate, se presenta como una excelente oportunidad de recaudar fondos para la Nación y las Provincias, pero, aunque no se menciona con claridad, no sería del todo beneficioso para los municipios.
Esta es por cierto una buena posibilidad para aquellas personas que debido a la situación de pandemia no pudieron cumplir con sus tributos, y ese punto no es cuestionable, ya que las medidas que beneficien a los ciudadanos deben ser siempre alentadas, sobre todo en este contexto y sobre todo porque hay muchos de ellos que siempre fueron fiscalmente responsables, hasta que el aislamiento cambió sus condiciones de vida y de trabajo.
Pero en este proyecto, más allá de los diversos artículos que se modificarían de la moratoria aprobada en diciembre pasado, se incorporan dos artículos que afectan los recursos que reciben las Provincias, sus respectivas Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Art. 15°, por medio del cual “se invita a las Provincias, a sus respectivas Municipalidades y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que establezcan similares programas de regularización de deudas, incluyendo, entre otros, los impuestos a los Ingresos Brutos y tasas municipales”.
Y el artículo 16, a través del cual “se deja establecido que los derechos sobre los fondos coparticipados que se generen por la presente ley de moratoria podrán ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las Jurisdicciones que lo reciban”.
Este segundo mencionado es el que en particular genera enorme preocupación, porque una Ley “simple” en primer lugar estaría alterando los derechos de los fondos coparticipados que están en la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548, y en su caso ni siquiera es planteada como una Ley de asignaciones específicas en el marco del artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. Por otra parte, estaría en conflicto -según el caso- con la Constitución Provincial.
Finalmente, y aquí lo que me interesa plantear con enorme preocupación, es que no se especifica en ningún artículo cómo serán compensados los Municipios por los fondos que sean estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las jurisdicciones que lo reciban.
Esto último, de no ser debidamente aclarado, generaría que las Municipalidades queden libradas a un gesto de bondad por parte de los respectivos gobernadores de provincias, que serían quienes tendrían la potestad de decidir qué hacer con el dinero recibido. Esto es así porque en los términos en los que se está aprobando esta moratoria los fondos recaudados no serán coparticipables, por ende, podrían llegar hasta los gobernadores pero no así a los intendentes.
Para los municipios, para Resistencia en particular, como ya se ha manifestado en anteriores ocasiones, la situación financiera es compleja, y con este tipo de medidas tomadas sin poner cuidado en que los fondos lleguen de forma efectiva (ya que por la falta de pago de los contribuyentes todos nos hemos visto afectados) podría empeorar aún más.
En este contexto de profunda recesión económica, donde la variación de los recursos coparticipados a las provincias en los primeros seis meses del año tuvieron una variación respecto al primer semestre 2019 en torno al 27% y considerando que la expectativa para julio es una variación que no llegaría al 24% interanual, estaríamos en presencia de un crecimiento para los siete meses transcurridos del 26,5% promedio, siendo la inflación superior en al menos 20 puntos a dicho crecimiento, en casi todos meses transcurridos.
Dado el peso en la coparticipación Municipal que tienen los recursos de la Coparticipación de la Provincia, los ingresos de los Municipios también mostraron tasas de crecimiento muy por debajo de la inflación en los primeros siete meses del año, por lo que no se puede resignar absolutamente ningún recurso.
Las economías municipales ya vienen golpeadas y sintieron fuerte el impacto de varios meses con bajos ingresos tributarios, más que nada en Chaco, y en particular en Resistencia, en donde los casos de contagio por COVID-19 obligaron a una cuarentena extendida que afectó a trabajadores independientes, emprendedores, empresarios y a la ciudadanía en general. De aprobarse este proyecto, sin modificaciones que nos aseguren la llegada de fondos que nos corresponden, recibiríamos un nuevo golpe, esta vez avalado por una ley.