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El Gobierno está convencido de que su proyecto de reforma laboral no logrará la sanción del Congreso este año. Por eso decidió avanzar de lleno en negociaciones sectoriales para intentar imponer, mediante modificaciones en los convenios colectivos de actividad, uno de los principales objetivos que alentaban su reforma: el abaratamiento de las indemnizaciones por despido.
El plan del Ejecutivo contempla el reemplazo del tradicional sistema indemnizatorio contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por la implementación en distintas actividades del denominado 'fondo de cese laboral´, de manera de reducir los costos de las cesantías de trabajadores en relación de dependencia. Se trata de un esquema similar a la 'libreta de desempleo' actualmente vigente en el caso de la industria de la construcción, que consiste en un aporte obligatorio mensual, que alcanza el 10% del salario promedio del sector, por parte del empleador desde el inicio de la relación laboral y que tiene el propósito de garantizar al trabajador un ingreso mientras se extienda su inactividad tras el despido.
Con ese objetivo, funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, iniciaron una ronda de negociaciones con representantes empresarios y sindicales de diversos sectores, en particular los más castigados por la crisis económica, en la apuesta de que consensuar cambios en los convenios colectivos para incorporar el mecanismo de fondo de cese.
Esas discusiones, según confiaron fuentes oficiales y voceros sindicales a este diario, involucran varias actividades industriales, como los casos de textiles, calzados y algunas ramas del sector metalúrgico, pero también podrían avanzar sobre algunos sectores vinculados a los servicios. En ese sentido, el Gobierno ya habilitó una mesa de diálogo en el transporte de cargas en la apuesta de reducir los costos relacionados con los servicios de logística, pero el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano -un actor clave en esa negociación- se plantó contra cualquier intento de modificar el convenio colectivo sectorial y ya amenaza con medidas de fuerza. "No vamos a entregar un solo derecho adquirido. Que no se atrevan a tocar un sola conquista o nos encontraran en la calle con toda la fuerza de los trabajadores", advirtió ayer el propio Pablo Moyano, número dos de Camioneros, en un abierto desafío a la Casa Rosada.
Más allá de las amenazas moyanistas, el Gobierno comenzó ayer mismo a testear su proyecto en el caso de la industria textil. Fue durante un encuentro en el que participaron el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio; el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas; los representantes de los gremios y de las cámaras empresarias de la actividad. "Se comenzó a trabajar sobre las propuestas presentadas tanto por el sector trabajador como el empresario, en temáticas vinculadas a la productividad y la generación de las condiciones para impulsar la competitividad del sector", se indicó brevemente desde el Ejecutivo, aunque no dieron detalles de la negociación.
En cambio, desde el sector sindical indicaron a este diario que durante el encuentro rechazaron cualquier posibilidad de sentarse a discutir la propuesta del Gobierno para bajar el costo de las indemnizaciones, entre otros cambios en las regulaciones laborales de la actividad. "Presentamos un documento en el que rechazamos absolutamente todo lo que están planteando. No se puede hablar de un Fondo de cese laboral cuando en la actividad está todo parada", señaló a El Cronista el titular de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez. Para la dirigencia gremial de los textiles, la propuesta de la Casa Rosada constituye "una reforma laboral encubierta", por lo que -tras negarse a discutir los cambios- pidió que cualquier medida sea llevada a un diálogo institucional con la CGT.
Justamente dentro de la central obrera se declaran en pie de guerra contra la iniciativa oficial. "Esto no resuelve nada con los problemas de empleo que tenemos", criticó Héctor Daer, uno de los referentes de la cúpula cegetista, y advirtió que "no es posible negociar en los convenios colectivos peores condiciones que las que fija la Ley de Contrato de Trabajo".
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