En este sentido, se manifestaron en desacuerdo con la decisión y la gestión de la Administración General de Puertos (AGP), “toda vez que representa una medida de carácter transitorio y que no brinda una solución de largo plazo a la problemática”.
En un comunicado difundido en la mañana de este domingo señalaron que la medida “evidencia una clara señal del centralismo porteño que ha sido responsable de la postergación y relegamiento del Norte Grande en materia de inversiones en infraestructura que permitan la generación de condiciones para el desarrollo económico regional”.
“Consideramos que la medida no brinda certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren el adecuado mantenimiento y la continuidad operativa de la vía de navegación más importante que tiene el país”, mencionaron.
No dudaron en señalar que “el Estado no tiene en la actualidad las capacidades técnicas para realizar estas tareas delegadas a la AGP, como sí las tiene para ejercer sus funciones indelegables de control y fiscalización, las cuales apoyamos y consideramos imprescindibles”.
“Resulta indispensable no sólo garantizar la continuidad del servicio de dragado y balizamiento a corto plazo, especialmente en momentos como el actual donde el Río Paraná registra una bajante histórica sin precedentes; sino también las inversiones en infraestructura necesarias para desarrollar los puertos del Norte que permitan mejorar la competitividad de la producción regional exportable respecto de las zonas centrales del país”, aseguraron.
“Consideramos que el momento actual es una buena oportunidad para poner en práctica el federalismo tan proclamado, y en sentido, declaramos como imprescindible que las provincias ribereñas de la Hidrovía posean al menos un representante -con voz y voto- dentro del Comité de Administración Público – Privado que al efecto se debiera conformar”.