El Gobierno del Chaco avanzó con una propuesta de enmienda constitucional destinada a garantizar estabilidad fiscal a quienes inviertan en la provincia, en una iniciativa que busca fortalecer la previsibilidad tributaria y posicionar al distrito como un destino más competitivo para nuevos proyectos productivos. La propuesta fue presentada por el gobernador Leandro Zdero y apunta a impedir la creación o aumento de tributos que afecten inversiones alcanzadas por el régimen.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para mejorar el clima de negocios y reforzar el perfil productivo que la gestión viene intentando instalar en distintos foros empresariales y espacios de promoción económica.
Según se informó, el proyecto establece además la nulidad de cualquier disposición que contradiga esta garantía y contempla mecanismos de devolución inmediata en caso de cobros indebidos, con el objetivo de evitar litigios prolongados y brindar mayor seguridad jurídica al inversor.
En paralelo, desde el oficialismo ya comenzaron las gestiones políticas para reunir los consensos necesarios dentro de la Legislatura provincial. La diputada Maida With aseguró que existen condiciones para avanzar en acuerdos parlamentarios y destacó que la propuesta apunta a generar “estabilidad impositiva” como incentivo para nuevas radicaciones empresariales.
La iniciativa se enmarca dentro de un contexto en el que distintas provincias buscan ofrecer ventajas competitivas para captar capital privado, especialmente en sectores vinculados a la producción, la agroindustria y el desarrollo logístico.
En el caso chaqueño, la propuesta se suma a otras medidas recientes impulsadas por la gestión provincial, como reducciones impositivas sectoriales y programas de incentivo económico, en una apuesta por reposicionar a la provincia dentro del mapa nacional de inversiones.
Más allá de la discusión política que pueda generar, el planteo abre también un debate de fondo sobre el nuevo rol que comienzan a asumir los gobiernos subnacionales en la competencia por atraer capital: ya no solo mediante infraestructura o promoción industrial, sino también ofreciendo garantías normativas de largo plazo.
De aprobarse, la reforma convertiría al Chaco en una de las primeras provincias en incorporar este tipo de resguardo fiscal dentro de su estructura constitucional, en línea con una tendencia creciente hacia marcos regulatorios más estables como herramienta de seducción para el sector privado.