Se trata de una deuda emitida por US$ 250 millones con acreedores privados a una tasa nominal anual de 9,375% y que cuenta con un programa de amortización hasta el año 2024. “Los acreedores pueden esperar, pero los que no pueden esperar son quienes tienen hambre o necesitan un medicamento. Tenemos que tener la empatía de entender que nuestra prioridad son las personas que más han sufrido los efectos de esta pandemia”, aseveró el mandatario.
“Los vencimientos de febrero y agosto de 2020 y 2021 eran razonables, pero la pandemia generó una debacle económica y una fuerte caída del producto bruto interno y de la recaudación, lo que nos obliga a asignar prioridades: resolver los problemas sociales más urgentes, promover la estrategia para recuperación economía, inversiones para desarrollo productivo, e infraestructura social básica para mejorar la vida de los chaqueños”, señaló el gobernador.
Acompañado por la ministra de Planificación y Economía, Maia Woelflin y del presidente del Nuevo Banco del Chaco Federico Muñoz Femenias, Capitanich explicó que al iniciar su gestión, en diciembre pasado, el stock de deuda y la deuda flotante estaban estipuladas en moneda extranjera, con una repercusión directa del tipo de cambio en los servicios de intereses y capital.
Dicha deuda, cuenta con compromisos de cancelación semestrales en febrero y agosto de cada año, y un plazo de ochos años, con cinco de gracia. “Necesitamos una compresión de los acreedores para reestructurar la deuda, bajar la tasa de interés, mejorar la estrategia del flujo de pago de capital e intereses para hacerlo compatible con el esfuerzo que está realizando el estado nacional con el stock de deuda privada”, remarcó.
Según las primeras proyecciones realizadas por las autoridades provinciales, el flujo de deuda para los próximos cuatro años es de $ 60.000 millones, “ese monto es equivalente al 50 por ciento del presupuesto anual de la provincia, lo que implica que si lo pagamos no podemos invertir en salud, desarrollo productivo, comedores, agroindustria e infraestructura social básica”, señaló Capitanich, y destacó que desde el gobierno provincial se trabaja en la reestructuración de esa deuda.
De ese monto, $ 15.000 millones corresponden a deudas con organismos multilaterales de créditos, que cuentan con un modelo de vencimientos compatible con la capacidad de pago de la provincia.
De los $ 45.000 millones restantes, se divide la deuda con el estado nacional y con acreedores privados. “Con el estado nacional se fue reestructurando progresivamente”, aseguró Capitanich y detalló que el fondo fiduciario para el desarrollo provincial ya fue reestructurado, y para el fondo de garantía de sustentabilidad se establecieron mecanismos para los próximos dos años. Además, se identificó la deuda con proveedores y contratistas con quienes se estableció un plan de pago.
El gobernador valoró la estrategia nacional como “amigable, pero firme”, con una última oferta que fue respaldada por todos los gobernadores y los sectores políticos.“Entendemos que Argentina tiene que utilizar las divisas para la recuperación productiva y no para transferencias financieras”.
Además, Capitanich aseguró que para poder cumplir en tiempo y forma las obligaciones es necesario producir más bienes y servicios, generar más dólares, tener mayor estabilidad macroeconómica y sustentabilidad económica de largo plazo. “Lo mismo que le pasa al país, le pasa a la provincia”, finalizó.