Además, la normativa establece que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Cuesta destacó que la iniciativa busca terminar con la discriminación y mejorar la calidad de vida y el diagnóstico temprano para prevenir contagios. “Es necesario fomentar políticas de salud en estas enfermedades que terminen con los prejuicios, la discriminación y se centren en calidad de vida de las personas que transiten estas enfermedades, fomentando la inclusión y sobre todo la inserción laboral”, manifestó la legisladora.
En este sentido, el proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una comisión nacional de VIH, hepatitis virales, otras ETS y tuberculosis. “Queremos generar un cambio de perspectiva, que estas enfermedades no sean un condicionamiento para acceder a un puesto de trabajo, tanto en el sector público como privado, y fomentar que las y los ciudadanos se realicen las pruebas necesarias para fomentar una buena política de prevención”, aseguró.