Ante el preocupante aumento de casos de consumo de sustancias de los jóvenes, advertido por la presidenta del Poder Legislativo Elida Cuesta en 2017, plasmado en un proyecto de ley, y con el reciente plan integral lanzado por el Ejecutivo provincial, el Poder Legislativo sancionó, este miércoles, la Ley 3808-G de Emergencia en Consumos Problemáticos en la provincia.
La normativa propone atender el “consumo problemático de sustancias toxicas” desde una mirada integral, permitiendo la incorporación del núcleo familiar de los sujetos en situación de consumo, como eje fundamental de todo abordaje terapéutico y legal, articulando con las instituciones del Estado, instituciones religiosas, políticas, del sector privado, como así también de la sociedad en general.
Cuesta resaltó que esta ley es una herramienta fundamental para que el Estado en su conjunto y la sociedad entera unifiquen una política de prevención, tratamiento y contención de todas las personas que necesiten ayuda. “Una emergencia requiere una mirada integral, transversal y multisectorial para avanzar hacia una solución de este flagelo y que cada persona en la provincia que necesite ayuda con las adicciones tenga un Estado y una sociedad presente”, aseguró.
Asimismo, marcó la importancia social de esta iniciativa que ha sido postergada por tantos años. “Celebro la voluntad política de afrontar esta problemática, nosotros presentamos esta ley en 2017, porque veíamos en cada recorrida por el interior provincial muchas madres, padres y hermanos que estaban pasando familiarmente por esta situación y la verdad es que existen pocos lugares de tratamiento y los centros privados son muy caros”, manifestó la titular legislativa.
Por otra parte, afirmó que el proyecto no es nada oneroso para el Estado provincial y que se deben dotar del personal adecuado los nuevos centros de atención. “Nosotros abrimos el proyecto al consenso, incorporando todo lo que el Poder Ejecutivo pedía, principalmente que todos los ministerios involucrados tengan compromiso y responsabilidad”, aseveró.
Además, Cuesta recalcó que todas las familias que tienen un familiar con problemas de adicción siguen de cerca la modificación de la Ley de Salud Mental a nivel nacional. “Este proyecto lo llevamos a cabo desde el lugar de una familia que tiene un miembro con problemas de adicciones. Es muy difícil que una persona con problemas de adicción tenga la intención de internarse voluntariamente, por lo que estamos muy atentos a la modificación de la Ley de Salud Mental para que desde la familia podamos actuar”, sentenció.