La medida se oficializó a través de la Resolución 36/2022 publicada en el Boletín Oficial, y ya se daba por descontada luego de la recomendación que en ese sentido realizó el 17 de febrero la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.
La provincia de Corrientes ha sido afectada por graves incendios como consecuencia de la sequía registrada en los últimos meses en la región mesopotámica, con el consiguiente perjuicio económico en la producción.
El período abarcado por la emergencia (postergación del pago de impuestos nacionales) y/o desastre (eximición de esas obligaciones) abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2022, pudiéndose prorrogar por otros seis meses.
En el marco del procedimiento habitual, Corrientes presentó ante la Comisión el decreto provincial 200 del 7 de febrero, en el que se declara la emergencia provincial y el organismo recomendó al Ministerio de Agricultura la aplicación de la medida a escala nacional.
La prórroga de la declaración hasta fin de año dependerá "de las condiciones climáticas que se manifiesten en los siguientes meses, por la situación de sequía e incendios en todo territorio provincial, para la totalidad de las explotaciones productivas, debido al prolongado evento critico climático de sequía que atraviesa la provincia".
En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la Resolución General 5158/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la que se instrumentan medidas extraordinarias de alivio fiscal para los contribuyentes cuyas actividades económicas se encuentran "severamente afectadas" por los incendios en Corrientes y Misiones.