La funcionaria detalló que uno de los objetivos del organismo marcados por el gobernador Capitanich es garantizar que los fondos de tipo A, que son coparticipables, sean distribuidos de forma continua y garantizar así un flujo de fondos que permita a los consorcios planificar conforme a los recursos que reciben.
El presupuesto anual es de $ 130 millones, de los cuales ya se llevan ejecutados $ 100 millones, por lo que por primera vez en la historia del instituto se ejecutará todo el presupuesto.
Los fondos del instituto se dividen en dos partes: los de tipo A, que son los coparticipables, y se distribuyen todos los meses en los 100 consorcios productivos chaqueños y los fondos B que representan el 20 por ciento del presupuesto del IDRAF y se destinan a asistencias especiales y al nuevo Programa “Fondo de Fortalecimiento“ para los consorcios.
Pereyra señaló que el trabajo del Instituto de Desarrollo Rural se basa en las metas del gobierno teniendo en cuenta el acta compromiso firmada con la asociación de consorcios en el que el sector de la agricultura familiar pedía que se trabaje no sólo en la parte productiva sino también en aspectos como la tenencia de tierras, electrificación rural, acceso al agua, conectividad, viviendas y salud.
“Impulsamos un trabajo territorial, con el que relevamos a 5.200 productores”, destacó Pereyra y resaltó que así se confeccionó la base de datos sobre la calidad de vida de los productores de la agricultura familiar del Chaco, en la que se detectó que sólo 1.100 productores estaban inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), el cual le permite acceder a beneficios. Ante esta situación, se firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación para homologar los registros e inscribir a todos los productores.
Además, la presidenta del IDRAF firmó un acuerdo con el Nuevo Banco del Chaco para la apertura de cajas de ahorro gratuitas para los productores. “Para cerrar el ciclo estamos organizando operativos con ANSES para realizar inscripciones masivas al monotributo social, que permitirá además de tener aportes jubilatorios y obra social, que puedan vender alimentos con la tarjeta Alimentar”, anticipó.
Pereyra destacó como logro del primer año de gestión frente al IDRAF la regularización de la Asociación de Consorcios de Servicios Rurales, ente que representa a todos los consorcios de la provincia y es el nexo entre el Instituto y los productores. La asociación subsiste con el 3 por ciento de los fondos coparticipables, pero desde 2018 que no podía acceder por irregularidades administrativas y legales, por lo cual cuenta con $ 3 millones acumulados.
Desde el Instituto de Desarrollo Rural y en forma articulada con la Asociación, se realizó un trabajo que permitió regularizar la situación (poniendo a disposición recursos humanos y técnicos para asesoramiento); y se acordó con la comisión directiva de la Asociación que el monto acumulado durante estos dos años será utilizado para beneficio de los consorcios: se comprará una perforadora que podrá ser utilizada por quienes la necesiten y el resto será para fortalecimiento de consorcios que presenten proyectos productivos.
“Parte importante de los fondos de los consorcios desde IDRAF va a la asociación y ahora en forma conjunta vamos a poder direccionar esos fondos con una visión más amplia siempre con la premisa de beneficiar a los agricultores familiares de la provincia”, finalizó Pereyra.