Cuando el sector tabacalero argentino comenzaba a reponerse, tras el fallo de la Corte Suprema contra las cautelares que desfinancian el FET, aparece en escena un nuevo escollo para los recursos que, por ley, tienen como destino a los productores tabacaleros.
Un proyecto de ley presentado por legisladores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, además de plantear una serie de restricciones para los fumadores, pretende prohibir en los espacios de venta, la exhibición de los paquetes y de cualquier logo o etiqueta que identifique a alguna marca de cigarrillos o empresa.
Si bien, orgánicamente el sector no se ha manifestado, estudian el proyecto y observan con preocupación la posibilidad de una fuerte caída de las ventas de los cigarrillos “formales” y que ganarían terreno los del comercio ilegal, no solo los que ingresan de países vecinos, sino también de las pequeñas fábricas que funcionan en varias provincias argentinas.
Esto es así porque se hace difícil para los consumidores distinguir entre productos auténticos, de contrabando o falsificados y la razón está en que los consumidores ya no serían capaces de ver cómo lucen los productos genuinos.
Cabe destacar que los impuestos superan el 80% del costo de cada paquete de cigarrillos, y que la industria del sector en argentina es una de las mayores aportantes al fisco nacional, con más de $ 200.000 millones anuales de desembolsos en materia impositiva.
Atento a las características de los plantadores de tabaco de Misiones y de algunas otras provincias, el FET es esencial a la hora de complementar el precio, brindar asistencia y financiar nuevas alternativas a los productores.