El diputado Iván Gyoker descartó la inconstitucionalidad de la norma y defendió el proceso legislativo que permitió su sanción, con participación técnica y respaldo legal. Sostuvo que la extensión indefinida de la cautelar paraliza actividades productivas y desalienta proyectos de inversión, y pidió al Superior Tribunal que se pronuncie cuanto antes para destrabar una definición clave para la economía provincial.
En la misma línea, la diputada Laura Bisonni defendió el esquema de ordenamiento territorial basado en mapas técnicos que determinan áreas de protección y zonas productivas bajo controles y reforestación. Advirtió que la suspensión de la ley impacta de manera directa en el empleo privado, la previsibilidad económica y polos productivos estratégicos como Machagai, y recordó que la norma fue construida con respaldo de especialistas, universidades y organismos nacionales.
Bisonni subrayó que las estadísticas recientes muestran una reducción significativa del desmonte respecto de gestiones anteriores y alertó que más de 40.000 familias vinculadas a la actividad forestoindustrial dependen de un marco normativo estable. Ambos legisladores coincidieron en que mantener la cautelar no protege el ambiente ni garantiza desarrollo, y exigieron una pronta resolución judicial para establecer reglas claras, dar previsibilidad al sector productivo y consolidar una política forestal sustentable.