Lo que se conoce como un secreto a voces o se comenta ligeramente en conversaciones ahora tiene números con los que sustentarse: el sistema previsional argentino está al borde del colapso por la falta de ingresos suficientes para hacer frente a las millones de jubilaciones y pensiones comprometidas, la escasez de recursos que proveen los aportes de los trabajadores en blanco y las contribuciones patronales, y el enorme universo de personas en la informalidad.
Un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) al que accedió El Cronista somete a análisis la consistencia y eficiencia del sistema de seguridad social argentino para garantizar el sustento a los pasivos más o menos en sintonía con el nivel de ingresos que percibían cuando estaban en actividad. Las conclusiones no son nada alentadoras.
El minucioso reporte de un centenar de páginas se conoce cuando el Gobierno ha decidido enviar un proyecto de ley para modificar la movilidad jubilatoria, suspendida desde diciembre pasado cuando se aprobó el paquete ómnibus que declaró la múltiple emergencia (económica, fiscal, financiera, administratriva, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social) y decidió, entre otras cosas, otorgar aumentos por decreto a los jubilados.
Asimismo, una comisión con funcionarios del Ministerio de Trabajo, la ANSeS, Economía y legisladores nacionales del oficialismo y la oposición estudia qué reformas introducir al sistema previsional para darle sostenibilidad en el tiempo.
De acuerdo al estudio, la recaudación que colecta la ANSeS es 13,5% inferior a la necesaria para lograr el autofinanciamiento de los sistemas que administra. A esa conclusión arriba la OPC tomando en cuenta la tasa de cotización, que estima los niveles de aportes y contribuciones necesarias para hacer autofinanciable el sistema en un momento determinado, manteniendo constantes otras variables (ceteris paribus).
En términos generales, las contribuciones y aportes equivalen al 18,2% de los salarios de los activos, pero dado el monto de las prestaciones, la detracción de los salarios debería ser del 31,7% para no requerir transferencias desde otras cajas. Tal acción, por supuesto, resulta inviable pues sería limar el poder adquistivo de los salarios que, de por sí, ya vienen golpeados por la ausencia de paritarias en casi todos los rubros durante el 2020.
Jubilados precarios e informales sin futuro
Otro eje que toma la OPC para analizar el sistema previsional es la "tasa de reemplazo", la cual estima la variación de la capacidad de compra de una persona entre su etapa activa y su etapa pasiva. Tomando como referencia los últimos diez años de aportes, el universo de jubilados y pensionados percibe en la actualidad el 38% de los ingresos que tenía antes de retirarse, lo cual expone el enorme deterioro en calidad de vida para los ancianos, sobre todo los que cobran la mínima.
El haber medio mensual abonado por ANSeS, entre todos los regímenes y tipos, a marzo de 2020, era de $ 24.430 en general, aunque la media para varones asciende a $ 29.286 y para mujeres, es de $ 22.100. En el régimen general, el 86% de los beneficios (más de 5,6 millones) es igual o menor a dos jubilaciones mínimas ($ 31.783).
De igual modo, el organismo adscripto al Congreso de la Nación estimó un panorama sombró al enfocarse en la sostenibilidad del sistema, que calculó de acuerdo a la relación de activos que aportan y pasivos que perciben beneficios. Hoy en día hay 1,43 aportantes activos por cada pensión o jubilación.
La llave para solucionar todas estas inconsistencias sería atacar la informalidad laboral e incorporar a alguna porción de los 4,8 millones de asalariados no registrados (como así también a cuentapropistas no blanqueados). En la actualidad, los asalariados formales son 10,5 millones, de acuerdo a datos del Indec, y aproximadamente solo el 65% de la población activa está registrada en relación de dependencia, como monotributista o como autónomo.
Pero otro grave problema de fondo que advierte la OPC es es que a partir de los 40 cae abruptamente el empleo registrado en relación de dependencia en el sector privado y, por lo tanto, la población activa que aporta al sistema. Y es que-a través de los múltiples regímenes que administra- a aquellos y les dificulta la reinserción. Esta tendencia no se percibe, por el contrario, en el sector público, donde la estabilidad es la norma.
Otra variable que torcería el destino del sistema de seguridad social sería que se recupere el poder adquisitivo de los salarios y, con ellos, los aportes y contribuciones. Sin embargo, más del 50% los activos asalariados percibía en marzo remuneraciones por debajo los $ 42.187 (dos veces y media el SMVM), y 15,4% de los varones y 19,7% de las mujeres tenían salarios iguales o inferiores al salario mínimo ($ 16.875). Con la irrupción del coronavirus, el parate de la actividad y la falta de paritarias, dar vuelta este escenario requerirá años.
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